miércoles, 30 de abril de 2014

Informe y Realidad del SENAME: “El futuro de nuestros niños en riesgo”

Hace unas semanas atrás, la cámara de diputados aprobó de forma unánime un lapidario informe, resultado de una exhaustiva investigación, sobre la realidad de los menores residentes e internados en los recintos del SENAME.

En lo principal, este informe dio por acreditadas e hizo públicas las falencias adolecidas por el sistema de protección de menores, las que a pesar de que no eran situaciones desconocidas sino que secretos a voces, nunca se tomó el real peso que significaba.

El SENAME, como servicio nacional de menores, no solo debe dedicarse a custodiar a los menores que hayan cometidos hechos delictuales, sino que entre otras, debe hacerse cargo de todos aquellos niños y adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que no puedan o quieran ser cuidados por sus padres o familiares, debido al no cumplimiento de las condiciones óptimas para su cuidado.

Por lo anterior, resulta del todo grave que se hayan acreditado las agresiones físicas como psíquicas contra estos menores, sumado a los abusos de carácter sexual sufridos, incluso, en los recintos más vulnerables, como son las llamadas aldeas SOS; y peor aun, que éstas no hayan sido denunciadas por los encargados, superiores y autoridades respectivas.

“Los niños son el futuro del país”, y el tratamiento contrario al convenio internacional de derechos del niño, no solo resulta vulnerador, sino también denigrante. La finalidad del SENAME debe ser custodiar, cuidar, consolar y contener a los menores; no agredirlos, ni provocarles sentimientos de odio y lamento que los lleven a delinquir y continuar con estas conductas, en lugar de superar la realidad en la que están inmersos (así lo confirman algunas teorías sociológicas, psicológicas y criminológicas –ecológica, del aprendizaje, y del etiquetamiento-).

Estamos ante una de las peores agresiones que ha cometido nuestro país contra civiles en democracia (considerando el gravamen ocasionados a menores en indefensión custodiados y cuidados en dependencias estatales), y esto debe ser resuelto y compensado ahora mismo.

Más allá de la creación de un Ministerio de la Familia (sugerencia que compartimos, como el ente que reúna las problemáticas e intereses de los menores, adultos mayores, hombres y mujeres –implicando eliminar el actual ministerio de la mujer, que consideramos discriminatorio, ya que las políticas gubernamentales deben ser enfocadas desde una perspectiva familiar, multifocal y social; no limitándose ni restringiéndose a un sector en particular-), y los conflictos de inconstitucionalidad y separación de poderes generados entre el poder Judicial y Legislativo por el apresurado juicio de la cámara de diputados en atribuirle responsabilidad política a un ministro de la primera, sin haber mediado previamente las vías constitucionales al efecto; es necesario que el ESTADO Chileno se haga cargo de la re estructuración del sistema de protección de menores.

Por otro lado y de acuerdo al objeto de esta columna, nos parece inconcebible que un mismo organismo reúna a los menores que se encuentran en vulnerabilidad social, para contenerlos y recuperarlos; junto a los condenados y acusados de delitos (muchos de los cuáles son gravísimos, peores que los cometidos por adultos), por cuanto no se permite parcelar las políticas públicas ni optimizar los tratamientos en atención a las necesidades particulares de cada menor.

Otro punto a considerar y urgentemente a mejorar, es la capacitación constante de los jueces y funcionarios de los tribunales de familia. Resulta incomprensible que en situaciones en las que los padres de un niño están incapacitados de cuidar del menor, se privilegie al SENAME por sobre el cuidado que un abuelo, un tío o su propio padrino puede darle. Claramente en este sentido, en muchos casos, los jueces han fallado de forma ilógica, ciega y obtusa; más allá de su legalidad.

Junto con lo anterior, la capacitación no debe reducirse a los funcionarios de los tribunales de familia, sino que además, a los funcionarios del propio servicio nacional de menores, ya que no es cualquier función la que tienen a cargo, sino que nada más ni nada menos, la posibilidad de recuperar y brindar a un niño la esperanza y optimismo necesario para crecer en la vida. Una vida que en muchos casos, y debido al contexto socio-local que viven, se ve gris.

Por último, es imperioso y menester que el Estado se haga realmente responsable y tome la protección de menores, no solo por haber firmado los tratados internacionales respectivos, sino porque realmente es un tema de importancia, relevancia y que merece estar en la palestra de la discusión. No basta por lo demás, que el Estado se quede en una mera declaración de voluntades, sino que se deben implementar las políticas públicas y realizar las inversiones necesarias en profesionales, capacitaciones, infraestructura y orgánica requeridas necesarias para resguardar la seguridad, desarrollo, confianza, optimismo y bienestar de los menores.

A fin de cuentas y como se dijo: “El futuro de Chile, son sus niños”. En nuestras manos está la posibilidad de hacer un más seguro y mejor Chile, u optar por uno más violento y agresivo.