Actual Israel-Palestina: El golpe que faltaba para confirmar el desprestigio e irrelevancia de la ONU

Después de dos guerras mundiales, el mundo entero concibió a la Organización de las Naciones Unidas como el organismo indicado para mantener la paz y al mismo tiempo prevenir, a través del diálogo, el respeto y los acuerdos, futuros conflictos bélicos entre los Estados. En aquellos años, segunda mitad del siglo XX, pocos se habrían imaginado la crisis y descrédito político en el que ha caído esta misma institución al haber transcurrido menos de un siglo de su constitución.

Si bien es cierto que atribuir este descrédito exclusivamente al conflicto Israel-Palestino no sería adecuado sería injusto, por cuanto bastante ha aportado Estados Unidos con sus invasiones por “la guerra contra el terrorismo” ocasionando muertes de civiles de forma indiscriminada, desobedeciendo las decisiones y resoluciones del consejo de seguridad, y vetando toda discusión que no le favorezca; también es cierto, que es con este conflicto donde se ha demostrado inutilidad de la política y organización internacional, por la indolencia práctica con la que los Estados internacionales han presenciado este conflicto.

Es de público conocimiento el historial bélico existente entre Israel y Palestina (aquí pueden encontrar un trabajo con la seguidilla de incumplimientos pacticios de Israel –Principio de Proporcionalidad, Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales, Principio de Autodeterminación de los Pueblos-), sin embargo lo anterior en caso alguno  logra ser antecedente suficiente para gatillar una guerra o una afrenta tal, conducta tomada por el Estado de Israel, el cual decidió bombardear Gaza con la finalidad de destruir posibles subterráneos utilizados por el grupo terrorista Hamas para sus acciones. Las consecuencias están a la vista, mientras los ataques de Hamas han traído 20 israelíes muertos (entre los que encontramos a dos civiles), los ataques de “respuesta” israelíes han traído más de 540 muertos (80% civiles y 20% niños), violando clara e injustificadamente todo principio de proporcionalidad. Por su parte, los Estados miembros de la ONU y el consejo de seguridad del mismo organismo miran impertérritos como día a día, Israel sigue bombardeando y continuando sus ataques con las devastadoras consecuencias de las que somos informados en los noticiarios, incluso afectando las mismas dependencias de la ONU (ya van 6 escuelas destruidas). Por otro lado es cierto que ha habido un rechazo internacional absoluto, manifestado incluso en prácticas políticas (Chile llamó a informar al embajador de Chile en Israel), pero de sanciones que tengan por finalidad disuadir la constante, ni pensar.

Si bien a muchos podría gustarles la idea de que la ONU envíe fuerzas militares a la zona para combatir a Israel, una conducta así sería totalmente impensada, por lo que las sanciones se reducen únicamente a materias económicas. Lamentablemente estas sanciones son totalmente ineficaces, por cuanto como señala Anne Marie La Rosa “una sanción eficaz es la que produce el efecto deseado”, y en este caso, a través de multas no se ha logrado disuadir la conducta israelí, ni siquiera con las amenazas de la UE de poner término a convenios firmados entre ellos.

Así, y con las escasas herramientas de las que dispone la ONU, las que se ven mermadas aun más por el principio de autonomía de los Estados y autodeterminación de los pueblos (que irónicamente los mismos Estados omiten al momento  de violar estas normas), aparece como la única medida de presión internacional posible, el bloqueo o aislamiento económico (art. 41 de la Carta de las Naciones Unidas); impidiendo que Israel pueda seguir sustentando su economía y fuerzas sin la ayuda del mundo. Todo esto claro, requiere de la colaboración y cohesión de todos los Estados “conmovidos”, ya que las campañas de apoyo y las declaraciones de molestia ante el conflicto resultan del todo ineficaces, si se está dotando de millones de dólares constantemente sus fuerzas militares (ej. Estados Unidos, cuyo parlamento acaba de aprobar U$225 millones para “reforzar defensa Israelí”).

La ONU está llegando a un momento en el cual dependerá de sus estados miembros decidir la continuidad o no de esta organización. Los efectos positivos son muchos, consiguiendo en muchas ocasiones, solucionar inminentes conflictos, pero son casos como éste los que ponen en tela de juicio la eficacia de las instituciones internacionales, más aun, cuando se actúa pasivamente y parte de sus Estados componentes actúan no solo contrario a la condena internacional sino a la propia política de la Organización.

Informe y Realidad del SENAME: “El futuro de nuestros niños en riesgo”

Hace unas semanas atrás, la cámara de diputados aprobó de forma unánime un lapidario informe, resultado de una exhaustiva investigación, sobre la realidad de los menores residentes e internados en los recintos del SENAME.

En lo principal, este informe dio por acreditadas e hizo públicas las falencias adolecidas por el sistema de protección de menores, las que a pesar de que no eran situaciones desconocidas sino que secretos a voces, nunca se tomó el real peso que significaba.

El SENAME, como servicio nacional de menores, no solo debe dedicarse a custodiar a los menores que hayan cometidos hechos delictuales, sino que entre otras, debe hacerse cargo de todos aquellos niños y adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que no puedan o quieran ser cuidados por sus padres o familiares, debido al no cumplimiento de las condiciones óptimas para su cuidado.

Por lo anterior, resulta del todo grave que se hayan acreditado las agresiones físicas como psíquicas contra estos menores, sumado a los abusos de carácter sexual sufridos, incluso, en los recintos más vulnerables, como son las llamadas aldeas SOS; y peor aun, que éstas no hayan sido denunciadas por los encargados, superiores y autoridades respectivas.

“Los niños son el futuro del país”, y el tratamiento contrario al convenio internacional de derechos del niño, no solo resulta vulnerador, sino también denigrante. La finalidad del SENAME debe ser custodiar, cuidar, consolar y contener a los menores; no agredirlos, ni provocarles sentimientos de odio y lamento que los lleven a delinquir y continuar con estas conductas, en lugar de superar la realidad en la que están inmersos (así lo confirman algunas teorías sociológicas, psicológicas y criminológicas –ecológica, del aprendizaje, y del etiquetamiento-).

Estamos ante una de las peores agresiones que ha cometido nuestro país contra civiles en democracia (considerando el gravamen ocasionados a menores en indefensión custodiados y cuidados en dependencias estatales), y esto debe ser resuelto y compensado ahora mismo.

Más allá de la creación de un Ministerio de la Familia (sugerencia que compartimos, como el ente que reúna las problemáticas e intereses de los menores, adultos mayores, hombres y mujeres –implicando eliminar el actual ministerio de la mujer, que consideramos discriminatorio, ya que las políticas gubernamentales deben ser enfocadas desde una perspectiva familiar, multifocal y social; no limitándose ni restringiéndose a un sector en particular-), y los conflictos de inconstitucionalidad y separación de poderes generados entre el poder Judicial y Legislativo por el apresurado juicio de la cámara de diputados en atribuirle responsabilidad política a un ministro de la primera, sin haber mediado previamente las vías constitucionales al efecto; es necesario que el ESTADO Chileno se haga cargo de la re estructuración del sistema de protección de menores.

Por otro lado y de acuerdo al objeto de esta columna, nos parece inconcebible que un mismo organismo reúna a los menores que se encuentran en vulnerabilidad social, para contenerlos y recuperarlos; junto a los condenados y acusados de delitos (muchos de los cuáles son gravísimos, peores que los cometidos por adultos), por cuanto no se permite parcelar las políticas públicas ni optimizar los tratamientos en atención a las necesidades particulares de cada menor.

Otro punto a considerar y urgentemente a mejorar, es la capacitación constante de los jueces y funcionarios de los tribunales de familia. Resulta incomprensible que en situaciones en las que los padres de un niño están incapacitados de cuidar del menor, se privilegie al SENAME por sobre el cuidado que un abuelo, un tío o su propio padrino puede darle. Claramente en este sentido, en muchos casos, los jueces han fallado de forma ilógica, ciega y obtusa; más allá de su legalidad.

Junto con lo anterior, la capacitación no debe reducirse a los funcionarios de los tribunales de familia, sino que además, a los funcionarios del propio servicio nacional de menores, ya que no es cualquier función la que tienen a cargo, sino que nada más ni nada menos, la posibilidad de recuperar y brindar a un niño la esperanza y optimismo necesario para crecer en la vida. Una vida que en muchos casos, y debido al contexto socio-local que viven, se ve gris.

Por último, es imperioso y menester que el Estado se haga realmente responsable y tome la protección de menores, no solo por haber firmado los tratados internacionales respectivos, sino porque realmente es un tema de importancia, relevancia y que merece estar en la palestra de la discusión. No basta por lo demás, que el Estado se quede en una mera declaración de voluntades, sino que se deben implementar las políticas públicas y realizar las inversiones necesarias en profesionales, capacitaciones, infraestructura y orgánica requeridas necesarias para resguardar la seguridad, desarrollo, confianza, optimismo y bienestar de los menores.

A fin de cuentas y como se dijo: “El futuro de Chile, son sus niños”. En nuestras manos está la posibilidad de hacer un más seguro y mejor Chile, u optar por uno más violento y agresivo.

“Todos podemos equivocarnos”: ¿Realmente podemos?

No estaba en mi interés escribir una columna de estas características, pero viendo las constantes reacciones de la sociedad a diversas decisiones de los tribunales de justicia, me entrometo aportando una humilde reflexión.

Desde que somos muy pequeños, entre las muchas frases que nos dicen nuestros padres, abuelos y otros mayores están: “todos tenemos derecho a una segunda oportunidad” y “todos podemos equivocarnos”. De esta forma, los adultos buscaban en los niños que no tuvieran miedo a equivocarse, y que en caso de actuar de mala forma, siempre supieran, que existiría la forma de remediarlo y poder tomar una conducta apropiada. Aunque no lo crean, se fomentaba la reinserción del menor en el medio familiar. 

Los mismos expertos en psicología señalan que no es bueno apuntar al menor ni estigmatizarlo por sus conductas cuando niño, ya que éste podría quedarse con esa imagen y seguir una conducta errónea, tesis seguida y reafirmada por la teoría crimonológica del etiquetamiento.

La pregunta es: Si los niños tienen derecho a equivocarse y todos podemos equivocarnos, incluso, nosotros mismos lo fomentamos ¿Por qué nos cerramos a la teoría de la reinserción, de la rehabilitación del ser humano?

Es cierto, los delincuentes encerrados y condenados, no solo no son niños (la mayoría mayores de edad, y si no mayores de 16 años, con una madurez mayoritariamente desarrollada), sino que además el “error” que cometen no es el equivalente al de un niño. No son comparables con un homicidio, violaciones o robos. 

Pero la intención de esta reflexión dice relación con que en un país con tanta desigualdad, donde los niveles educacionales son tan dispares; no podemos exigirles a cada uno de nuestros compatriotas que actúen de la forma que un ciudadano con educación y conocimiento lo haría. Es así, como se explica que exista una humanización y comprensión por parte de la justicia, a aquellas culturas que tienen concepciones diferentes o actitudes distintas a la nuestra en algunos aspectos. Pero esta humanización y comprensión no se queda solo en un tratamiento ad hoc a las circunstancias particulares de la comisión de un delito de forma de tomar la mejor y más adecuada decisión conforme a derecho; sino que además, se refleja en el principio de la reinserción y la rehabilitación, sustentado por la teoría especial positiva. 

Es importante como sociedad que entendamos que al condenar a una persona a cumplir una pena, no se busca su muerte natural ni civil; sino que se busca una rehabilitación adecuada que permita recuperar a la persona que ha cometido un delito, y que salga a la sociedad a hacer un bien y contribuir a la paz social. 

Como empezaba esta reflexión, todos podemos equivocarnos, y creo que a todos nos gustaría que nos dieran una segunda oportunidad para demostrar que aprendimos de nuestros errores y que ahora, con conocimiento, educación y oportunidades; podemos ser mejores y contribuir a la sociedad.

La gran misión que tiene hoy el poder legislativo y el poder judicial, dice relación con acercar y educar a ciudadanía en los principios y finalidades que se buscan con cada pena, y cuáles son las intenciones de los beneficios y medios alternativos de cumplimiento de éstas. Tras esto, la reflexión que queda es ¿Quién tiene que ceder? Los legisladores y los expertos en derecho penal, socializando y flexibilizando la doctrina y los principios garantistas; o la sociedad, entendiendo que si bien pudieren parecer ilógicas y frías, las penas asignadas a los delitos; éstas buscan acercarse a los estándar internacionales de garantismo y reinserción del hombre.